Carta del Presidente Lázaro Cárdenas
al Presidente Franklin D. Roosevelt
Palacio Nacional, 29 de julio de 1939
Excelentísimo señor Franklin D. Roosevelt
Presidente de los Estados Unidos de América
Washington, D.C.
Excelentísimo señor Presidente y gran amigo:
Considerando que la situación creada por la falta de entendimiento entre mi Gobierno y las
compañías petroleras pudiera traer una desorientació n de la opinión pública
norteamericana, he querido dirigirme a usted personalmente para exponerle con toda lealtad, sin limitaciones y seguro
de ser interpretado con el mismo ánimo, el estado que guarda este problema y sugerir lo que a mi juicio puede
considerarse como el medio de solución admisible e inmediata para las partes interesadas.
Las negociaciones hasta ahora emprendidas, a pesar de la manifiesta buena voluntad del Gobierno mexicano, no han
tenido éxito debido fundamentalmente a la intransigencia de las compañías petroleras, las que con
anticipación anunciaron públicamente que entrarían en arreglos siempre que se cumplieran las
siguientes condiciones:
Devolución de las propiedades que serían por ellas administradas de manera exclusiva en un plazo
calculado probablemente como el necesario para el agotamiento total de los yacimientos.
Otorgamiento por parte del Gobierno de seguridades de carácter contractual y legislativo de que en lo futuro no
se impondrían nuevas cargas fiscales a las empresas.
Adopción de bases definitivas que deberán normar las relaciones de los trabajadores con las
compañías determinando, sin tomar en cuenta el laudo, los tabuladores de salarios y otras prestaciones
mediante un mecanismo diverso al establecido por la legislación del país para casos similares. Con
anterioridad a la llegada del señor Richberg a México estas bases aparecieron publicadas en diarios de
los Estados Unidos y de nuestro país. Con frecuencia, en épocas posteriores, han aparecido las mismas
exigencias de las compañías atribuyéndose las declaraciones a representantes de las
empresas.
Las compañías nombraron como su representante al señor Donald R. Richberg, quien proponiendo
fórmulas vagas de cooperación y asociación con el Gobierno para explotar el petróleo
admitió, al ser constreñido a precisarlas, que en el fondo se trataba de la devolución de las
propiedades en los términos empleados por las mismas compañías.
Las pretensiones de las empresas apoyadas por su representante son inaceptables para el Gobierno de México,
pues juzgando con criterio sereno e imparcial, despojado de todo sentimiento de amor propio nacional, el sistema
esbozado aparte de su incompatibilidad con nuestra Constitución y demás leyes vendría a
convertirse precisamente en una fuente constante de fricciones, desacuerdos y conflictos.
En primer término, la devolución de las propiedades a las compañías divididas en cuatro
grupos ocasionaría la pérdida de las ventajas obtenidas con la centralizació n actual; la
industria tendría que sufrir como en el pasado, la multiplicació n de servicios e instalaciones,
aumentándose inútilmente los gastos de explotación. Mi Gobierno sin embargo, animado por un e
spíritu de conciliación conviene en aceptar, como lo propone el señor Richberg, la
formación de los cuatro grupos de referencia sí con ello se contribuye a evitar los conflictos internos
entre las 17 compañías expropiadas. Pero el principal escollo, independientemente de la imposibilidad
constitucional de crear un estatuto ad hoc en materia obrera imponiendo especiales condiciones de trabajo,
consistiría en la administració n por las antiguas compañías, pues la adopción de
una nueva forma estructural que no engañaría a nadie no impediría la repetición de
conflictos y dificultades bien conocidos. Bastaría para demostrarlo recordar la historia reciente de la
expropiación que no fue sino la culminación de una serie de esos conflictos y dificultades que
terminaron por originar la huelga general, prueba de la inhabilidad de las empresas para manejar a sus
trabajadores.
Los esfuerzos del Gobierno encaminados a conjurar la situación planteada fracasaron de preferencia por la
incomprensión de las compañías para estimar los factores sociales y humanos implicados y ante la
amenaza pública de las mismas de suspender las actividades en los campos petroleros mi Gobierno, consciente del
peligro que representaba para la economía nacional la paralización de la industria petrolera, se vio
obligado a decretar la expropiación y se encargó del manejo de aquélla, obteniendo de los
trabajadores un máximo rendimiento pues al darse cuenta de que no sirven intereses particulares sino que
colaboran en una obra de alcance nacional le dedican sus mejores energías, animados de un fuerte
espíritu de organización y disciplina con excelentes resultados que apenas llegan a perturbar
excepcionalmente las maniobras de agentes de las empresas afectadas.
La vinculación sincera de los obreros con el porvenir de la industria llega al punto en que ellos han
consentido en postergar la aplicación del laudo mientras dura el boicot organizado por las
compañías y a invertir una parte importante de sus ahorros en la misma industria.
En la actualidad la industria petrolera no requiere fuertes inversiones; la experiencia ha convencido al Gobierno de
que a pesar de las dificultades para vender al precio del mercado, los ingresos por ventas realizadas le han permitido
llevar adelante un programa de perforaciones, construcción de oleoductos, modernización y
ampliación de refinerías, cuyos resultados se advierten en el incremento cada vez más sensible de
la producción y permiten asegurar que el programa mencionado puede desenvolverse con los recursos propios del
Estado.
Si las compañías llegaran nuevamente a administrar la industria petrolera, la mala inteligencia habida
entre ellas y los obreros renacería agravada por la desconfianza recíproca proveniente de la lucha que
precedió a la expropiación. Surgirían sin duda fricciones y resistencias, que harían
imposible el funcionamiento de cualquier empresa industrial y aun suponiendo que un Gobierno se resolviera a imponer a
los obreros normas de trabajo contrarias a las leyes del país ante los conflictos que sobrevendrían no
tendría medios de hacer valer su autoridad eficazmente contra los actos de resistencia pasiva ni de impedir que
los trabajadores emplearan el recurso constitucional de la huelga, todo lo cual ocasionaría en suma que tal
Gobierno no estaría capacitado materialmente para hacer cumplir el compromiso contraído a menos que
decidiera acudir a la violencia vulnerando los derechos de los trabajadores y debilitando manifiestamente su
posición moral; sacrificio al que ningún Gobierno debe estar dispuesto.
Pasar sobre las leyes concediendo a la industria petrolera una situación privilegiada, otorgándole un
estatuto especial en materia de trabajo y haciendo lo propio por lo que se refiere a los impuestos significaría
la subordinación del poder público a las empresas particulares, posibilitando la realización de
las aspiraciones que conocidamente abrigan los fuertes intereses capitalistas de constituir una entidad superior al
Gobierno mismo; tendencia contra la cual ha luchado Vuestra Excelencia denodadamente en su país.
La expropiación dictada por el Gobierno de México, impuesta por la rebeldía de las
compañías contra las decisiones judiciales y necesaria para conjurar los graves trastornos que
ocasionaría la paralización de la explotación de los campos petroleros en los transportes y la
industria del país en general constituye un acto legítimo del Gobierno de México, autorizado por
sus propias leyes, similares en esto a las de los demás Estados y sancionado, al mismo tiempo, por los
principios del derecho internacional.
A la luz de tales leyes y principios, las compañías norteamericanas afectadas no pueden reclamar sino el
pago de una justa compensación, cuyos términos mi Gobierno ha estado pronto a fijar. Estoy seguro de que
si se llega a tratar sobre el avalúo de los bienes de las compañías norteamericanas concurriendo
éstas a la invitación que reiteradamente se les ha formulado y aun aplicando los más amplios y
liberales principios en la materia se llegaría a la conclusión de que el valor de esos bienes
está representado por una cantidad muy inferior a la que se ha empeñado en divulgar una intencionada
propaganda y a que el pago de esta cantidad puede hacerse dentro de las posibilidades de México, ya sea
aplicando los recursos propios de la industria petrolera o acudiendo a los de la nación entera, que
respondería llegado el caso con patriotismo y generosidad.
Esta es la posición que el Gobierno de México ha venido adoptando en el caso, instando por la inmediata
negociación de los avalúos a fin de fijar el pago de la indemnización correspondiente y
excluyendo, de manera inequívoca, la devolución en forma alguna de las propiedades expropiadas.
Para el caso de que las pláticas directas con las compañías no lleguen a cristalizar en un
arreglo, porque ellas se obstinen en imponer una solución única escogida de antemano y para
México inaceptable, me permito manifestar a Vuestra Excelencia que mi Gobierno se encuentra dispuesto a hacer
un esfuerzo para cubrir desde luego el total de la indemnización a las compañías norteamericanas
o, si las empresas lo desean, el Gobierno pondrá a disposición de ellas mismas el petróleo
destinado a la exportación, incluyendo el producto de las inversiones hechas por el Gobierno con anterioridad a
la expropiación, con un descuento que les permita ir amortizando el capital invertido y retirar una utilidad
razonable por sus servicios.
Mediante esta última solución el petróleo se repartiría en el mercado mundial siguiendo
sus canales acostumbrados sin trastornar los precios y las compañías tendrían de esta manera la
garantía efectiva de recibir el pago de sus inversiones.
Lo anterior no descarta la perspectiva de concertar arreglos con las compañías, de mutua
cooperación, sin la necesidad de nuevas inversiones.
En un esfuerzo para facilitar un arreglo amistoso a las compañías mi Gobierno ha instruido a su
Embajador en los Estados Unidos para que presente al representante de las compañías las bases de arreglo
que considere conciliatorias y aceptables para las dos partes interesadas.
Si se encuentran viables estas sugestiones, el Gobierno se halla pronto para discutir los términos del arreglo
correspondiente, creyendo por mi parte que, en cualesquiera de las formas indicadas al mismo tiempo que se toman en
consideración los intereses de las compañías quedan a salvo los derechos soberanos del
país.
Me es grato, señor Presidente, expresar a usted una vez más los votos fervientes que hago por el
bienestar personal de Vuestra Excelencia, repitiéndome su atento amigo y servidor.
Lázaro Cárdenas.
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